Los hechos: antiguas operaciones de Hudbay en Guatemala

En Agosto de 2008 Hudbay adquirió la compañía minera de Guatemala, Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la propiedad de la mina Fénix cerca de El Estor, Guatemala. Desde los años 70, la propiedad de Fénix ha albergado una mina de ferroníquel y una fundición totalmente operativas, hasta que en 1980 entró en una fase de cuidado y mantenimiento. En agosto de 2011, Hudbay se deshizo del proyecto Fénix y desde entonces no tiene más operaciones en Guatemala.

Antes de que Hudbay fuera propietaria del proyecto, CGN había adoptado los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (los “Principios Voluntarios”), así como el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ambas iniciativas de Naciones Unidas. Los Principios Voluntarios fueron desarrollados por ONG, gobiernos nacionales, industria extractiva y compañías energéticas en conjunto, con el objetivo de guiar a las empresas en el cumplimiento de la seguridad en sus operaciones dentro de un marco operativo que garantice el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

CGN estaba involucrada en las comunidades locales y todas las esferas de gobierno para asegurar que se proporcionaban beneficios perdurables a la gente de Guatemala. A través de acuerdos con las comunidades y varios programas de participación bajo la dirección de RAXCHÉ, una fundación sin ánimo de lucro, CGN colaboró con las comunidades locales para proporcionar apoyo al desarrollo y mejorar la salud, educación y centros culturales, así como para incrementar el conocimiento medioambiental de la región.

Desde 2006, dos años antes de que Hudbay adquiriera el proyecto, CGN tuvo constantes problemas con temas de ocupaciones ilegales de tierra. Cuando los ocupantes ilegales se negaron a abandonar la propiedad y comenzaron a discutir con CGN, CGN acudió al sistema legal de Guatemala para llegar a una solución.

Recientemente, se han presentado tres demandas judiciales contra Hudbay ante la Corte Superior de Ontario, las cuales incluyen alegaciones de crimen contra el personal de seguridad de CGN en relación con las ocupaciones ilegales y los desalojos de principios de 2007, emitidas por la corte debido a los eventos que tuvieron lugar en septiembre de 2009 en Guatemala. En base a exhaustivas investigaciones internas e informes de testigos oculares, Hudbay está convencida de que tales alegaciones carecen de fundamento, motivo por el cual se está defendiendo vehementemente.

Las demandas que se han puesto han sido el centro de las discusiones en las páginas web de ciertos grupos activistas y redes sociales, la mayoría de las cuales han proporcionado una vaga, distorsionada y falsa versión de los hechos de las operaciones de CGN en Guatemala.

La siguiente información ha sido recopilada con el fin de proporcionar los hechos relevantes y el contexto necesario, el cual ha sido omitido de las distintas peticiones en la red y de los comentarios de las redes sociales.

Ocupaciones ilegales de tierras de CGN y desalojos del Gobierno antes de que Hudbay fuera propitaria

En la primavera de 2006, dos años antes de que Hudbay fuera propietaria del proyecto, varios grupos que se identificaban como indígenas empezaron a ocupar de manera ilegal la propiedad de CGN en Guatemala. Estos grupos, que sumaban un total de 300 personas, se congregaron en diversas zonas dentro de la propiedad de CGN. En algunos casos, los ocupantes alegaban que las tierras les pertenecían; en otros, reclamaban que no tenían sitio donde vivir y que esa propiedad de CGN era tierra “vacante”.

En Guatemala, las ocupaciones unilaterales de tierra son un crimen. Los ocupantes ilegales mantuvieron una conducta amenazante e incluso llevaron a cabo bloqueos. También causaron daños a la propiedad de CGN y, entre otras cosas, cortaron y vendieron de manera ilegal madera de caoba y otras maderas valiosas, devastando ilícitamente partes de tierra e incendiando la oficina de CGN y el hospital de la comunidad dentro de la propiedad de CGN.

CGN presentó denuncias ante las Cortes Criminales por las ocupaciones ilegales de tierra y la Oficina del Fiscal de La Tinta inició las investigaciones criminales pertinentes. Después de investigar las demandas de CGN, un fiscal guatemalteco inició los procedimientos legales ante la Corte y después el tribunal emitió las órdenes de desalojo.

Bajo la ley de Guatemala, un fiscal debe aplicar y hacer cumplir un desalojo emitido por un tribunal. El cumplimiento de una orden de desalojo lo lleva a cabo el fiscal con la ayuda de la Policía Nacional Civil y, si fuera necesario, el Ejército Nacional de Guatemala. Hudbay considera que un fiscal no puede forzar al personal de seguridad privada a sacar a los ocupantes de la tierra cuando se ha emitido una orden judicial de desalojo.

En enero de 2007, conforme  a las órdenes judiciales, el fiscal de Guatemala llevó a cabo una serie de desalojos en la propiedad de CGN con ayuda de la Policía Nacional Civil y el Ejército Nacional. Hudbay no cree que las alegaciones de agresión sexual ocurridas durante los desalojos sean creíbles y no se puso ninguna demanda al respecto ante las autoridades de Guatemala. De hecho, el informe de la policía del día que los demandantes alegan que tuvieron lugar las agresiones sexuales, indica que no hubo ocupantes ilegales cuando el fiscal y los miembros de la Policía y el Ejército llevaron a cabo el desalojo.

Según el fiscal y los informes de policía sobre los desalojos, ningún personal de seguridad de CGN ni de otra empresa de seguridad privada llevó a cabo tales desalojos. Estos informes también apuntan que tuvieron lugar de manera pacífica sin ningún tipo de incidente. Es más, las grabaciones de CGN demuestran los esfuerzos de la compañía por asegurar que los desalojos fueran pacíficos y se llevaran a cabo de acuerdo con la ley de Guatemala. Hudbay entiende que la policía que ejecutó los desalojos no iba armada, aunque había personal militar armado posicionado fuera del área directa para prevenir cualquier intensificación de la situación. De nuevo, estos pasos legales se tomaron antes de que Hudbay tuviera algún tipo de implicación en el proyecto.

Ocupación illegal de tierras de CGN y acuerdo de negociación cuando Hudbay fue propietaria

Poco antes de 2009, un grupo de ocupantes ilegales empezó a ocupar una parte de las tierras del proyecto que pertenecen a CGN, conocida como Área 217. En abril de 2009, CGN negoció un acuerdo con los ocupantes ilegales para facilitarles el regreso  voluntario a sus casas en un pueblo cercano a Las Nubes. El acuerdo se llevó a cabo con el respaldo y la contribución de varias agencias, fue certificado por el Gobierno y, además, añadió los compromisos de CGN de implementar mejoras en la comunidad vecina, incluyendo:

  • Construcción de una escuela
  • Creación de un sistema de suministro de agua y un nuevo depósito de agua
  • Construcción de nuevas plataformas para viviendas y suministro del material necesario
  • Mejora del acceso de las carreteras

CGN también acordó pagar salarios a los residentes locales por sus contribuciones con estas iniciativas. Todos estos proyectos fueron completados en mayo de 2009.

Mientras la mayoría de las personas cumplieron con el acuerdo voluntario y regresaron a sus hogares, un pequeño grupo continuó ocupando de manera ilegal el Área 217 en la propiedad de CGN y se negaron a cumplir lo acordado.

Los eventos del 27 de septiembre de 2009

La semana previa al 27 de septiembre de 2009, empezó una nueva ocupación ilegal y estos nuevos ocupantes comenzaron a levantar casas en la propiedad de CGN. El domingo 27 de septiembre de 2009, tuvo lugar una reunión entre la gobernadora regional y los ocupantes ilegales del Área 217 con la intención de persuadirles para cumplir con el acuerdo de mayo. No se llevó a cabo ningún desalojo y nadie fue amenazado.

Cuando terminó la reunión, con el acuerdo de que se programaría un nuevo encuentro, un grupo organizado independiente de manifestantes atacó en la carretera de El Éstor a los vehículos que salieron del Área 217, incluyendo la comitiva de la gobernadora. Según el informe de la Policía, más de 40 oficiales tuvieron que lidiar con los manifestantes que participaban en el bloqueo. Al final, la gobernadora tuvo que ser evacuada por el Lago Izábal.

Parece ser que el bloqueo fue el catalizador de varios enfrentamientos que tuvieron lugar ese día, incluyendo el ataque a las casas recién construidas en la propiedad de CGN. En estos casos, el personal de seguridad de CGN estaba entrenado para evacuar las áreas lo más rápido posible sin enfrentarse a los atacantes.

Además, los manifestantes atacaron el hospital de la comunidad financiado por CGN, dentro de la propiedad de CGN, provocando numerosos daños a las instalaciones y al material donado hacía poco por una organización benéfica. Los informes de la policía indican que los manifestantes también entraron y saquearon la estación de la policía local, robando equipo de protección y armas, incluyendo rifles automáticos que fueron usados contra el personal de seguridad de CGN dentro del hospital.

Durante los ataques, tanto el personal de seguridad de CGN como otro personal de seguridad mostraron un extraordinario control y actuaron en defensa propia. Su moderada respuesta ante los ataques sufridos ayudó a prevenir un incremento de la violencia, lo que limitó el número de heridos en ambos lados del enfrentamiento. CGN ha confirmado que cinco de sus miembros de seguridad fueron heridos durante el incidente, uno de los cuales hubo de ser trasladado de inmediato a la Ciudad de Guatemala para recibir tratamiento médico. Lamentablemente, uno de los manifestantes murió ese día. Conforme a investigaciones internas y testimonios de testigos oculares, Hudbay está segura de que el personal de seguridad de CGN no está implicado en su muerte.

Estos hechos están siendo investigados por las autoridades de Guatemala con la exhaustiva colaboración de CGN para asegurar que se esclarecen los hechos y se hace justicia. En diciembre de 2009, se emitió una orden de arresto contra el jefe de seguridad de CGN. La orden de arresto fue emitida, en gran parte, por los testimonios de cuatro testigos oculares en la muerte del Sr. Ich Chamán. Desde ese momento, tres de los cuatro testigos se han retractado de sus declaraciones ante el fiscal de Guatemala y alegan que fueron intimidados y forzados a mentir sobre lo ocurrido el 27 de septiembre de 2009.

Tras los acontecimientos del 27 de septiembre de 2009, más de 2.400 personas de la comunidad de El Estor han firmado una petición a las autoridades gubernamentales, condenando los ataques de los manifestantes y pidiendo que el Gobierno de Guatemala intervenga para prevenir este tipo de violencia.

Considerar los Hechos y el Contexto Antes de Llegar a Conclusiones

Esperamos que estos hechos y este contexto ayuden a la gente a reconocer que Hudbay se toma muy en serio su papel de ciudadano corporativo y respeta y protege los derechos humanos donde quiera que opere.

Como miembro responsable de nuestras comunidades, Hudbay continúa buscando la manera de desarrollar un papel más constructivo apaciguando posibles fuentes de conflicto. Como parte de este esfuerzo, la junta directiva de Hudbay aprobó de manera formal en 2011 una Política de Derechos Humanos, la cual está disponible en la página web de Hudbay. Esta política refleja principalmente las prácticas que ya se están llevando a cabo en Hudbay y articula el compromiso de la compañía con los derechos humanos. Los aspectos claves de esta política incluyen:

  • Prácticas de ética empresarial
  • Compromiso de Hudbay de respetar los derechos laborales, así como de proteger la salud y seguridad de los trabajadores
  • Compromiso de Hudbay con la consulta y la participación de la comunidad, de contribuir con oportunidades a largo plazo y sostenibles para las comunidades, de respetar los derechos legales de las comunidades y de participar en el esfuerzo colectivo de respetar los derechos humanos en las comunidades donde hacemos negocios
  • Compromiso de Hudbay de emplear medidas de seguridad que respeten los derechos humanos, incluyendo la adopción de los Principios Voluntarios y el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

Se puede encontrar más información sobre nuestros esfuerzos en este área en los informes de responsabilidad social corporativa.

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